El estado debe garantizar que las etnias sean consultadas ante cualquier obra, proyecto o reforma legislativa que las afecte
La Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI) organizó el primer panel sobre Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos indígenas, de cuyo respeto es garante el Estado para evitar que esos derechos sean violados sistemáticamente.
La titular de la COEPI, María Teresa Guerrero Olivares, señaló que este primer panel es el inicio de una serie de actividades sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por tratados internacionales como el Convenio 169 aprobado y firmado por México en 1989, por las leyes nacionales e internacionales.
Explicó que El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con el Estado como garante, evita que obras como el Fideicomiso Barrancas del Cobre, Aeropuerto de Creel y el Gasoducto El Encino-Topolobampo se realicen sin el debido respeto a los derechos y costumbres ancestrales de los pueblos y comunidades autóctonas de la Sierra Tarahumara.
Resaltó que el gobernador Javier Corral Jurado ha definido con mucha claridad que su gobierno será abierto e incluyente, con respeto a derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como de los más débiles y desprotegidos.
En el panel se compartieron experiencias surgidas de las comunidades que tuvieron acceso a la capacitación sobre esos derechos y su defensa legal, como los ejemplos de Mogotavo y Bosques de San Elías Repechique, cuyos habitantes se declararon en rebeldía contra las obras del gasoducto y aeropuerto, hasta que se realizó el debido proceso de consulta después de un proceso legal que les fue favorable.
Miguel Manuel Parra, vocero de la comunidad de Mogotavo, compartió su experiencia con el Fideicomiso creado en 1996, cuyos impulsores nunca cumplieron el requisito de que lo principal que tenían que hacer era integrar un consejo consultivo con inclusión de los pueblos indígenas que viven ahí.
“No fuimos convocados, históricamente siempre ha pasado, se hicieron obras que nos afectaron como la vía del tren, la carretera, el Fideicomiso Barrancas del Cobre, aunque se decía que eran para el desarrollo de toda la Sierra Tarahumara”, expresó Parra.
En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el reclamo de las etnias de que sin la debida consulta no hay aprobación para las obras. Sin embargo el fallo no se ha cumplido hasta hoy porque no está integrado un Consejo Consultivo, sino un Consejo Ciudadano instituido por quienes se dedican al turismo y que fue hecho a modo porque no tiene representación de los pueblos indígenas.
El conferencista Adelfo Regino Montes, originario de Oaxaca, destacó que con este panel el gobierno de Javier Corral abre las puertas de Palacio para que la voz de los pueblos indígenas se escuche en este recinto, en un ejercicio extraordinario sobre la puesta en práctica del ordenamiento legal estatal, nacional e internacional.
En las actuales condiciones del Estado de Chihuahua se puede pensar en una ley específica en materia de consulta y respeto a los derechos de los pueblos indígenas de este estado, afirmó Montes.
Exhortó a las instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y a los propios indígenas a trabajar unidos y decididos en la lucha por el respeto y lucha contra la violación de sus derechos, porque todas las batallas exigen una corresponsabilidad de los participantes para lograr la victoria.
Resaltó que este panel se realizó con una consulta previa a los pueblos indígenas de Chihuahua, y con respeto a sus costumbres y tradiciones.
En el panel también expusieron sus experiencias Isela González Díaz, directora de la organización Sierra Madre, A. C; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. y Citlaly Quintana Zapién, directora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A. C.
La titular de la COEPI, María Teresa Guerrero Olivares, señaló que este primer panel es el inicio de una serie de actividades sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por tratados internacionales como el Convenio 169 aprobado y firmado por México en 1989, por las leyes nacionales e internacionales.
Explicó que El Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con el Estado como garante, evita que obras como el Fideicomiso Barrancas del Cobre, Aeropuerto de Creel y el Gasoducto El Encino-Topolobampo se realicen sin el debido respeto a los derechos y costumbres ancestrales de los pueblos y comunidades autóctonas de la Sierra Tarahumara.
Resaltó que el gobernador Javier Corral Jurado ha definido con mucha claridad que su gobierno será abierto e incluyente, con respeto a derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como de los más débiles y desprotegidos.
En el panel se compartieron experiencias surgidas de las comunidades que tuvieron acceso a la capacitación sobre esos derechos y su defensa legal, como los ejemplos de Mogotavo y Bosques de San Elías Repechique, cuyos habitantes se declararon en rebeldía contra las obras del gasoducto y aeropuerto, hasta que se realizó el debido proceso de consulta después de un proceso legal que les fue favorable.
Miguel Manuel Parra, vocero de la comunidad de Mogotavo, compartió su experiencia con el Fideicomiso creado en 1996, cuyos impulsores nunca cumplieron el requisito de que lo principal que tenían que hacer era integrar un consejo consultivo con inclusión de los pueblos indígenas que viven ahí.
“No fuimos convocados, históricamente siempre ha pasado, se hicieron obras que nos afectaron como la vía del tren, la carretera, el Fideicomiso Barrancas del Cobre, aunque se decía que eran para el desarrollo de toda la Sierra Tarahumara”, expresó Parra.
En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el reclamo de las etnias de que sin la debida consulta no hay aprobación para las obras. Sin embargo el fallo no se ha cumplido hasta hoy porque no está integrado un Consejo Consultivo, sino un Consejo Ciudadano instituido por quienes se dedican al turismo y que fue hecho a modo porque no tiene representación de los pueblos indígenas.
El conferencista Adelfo Regino Montes, originario de Oaxaca, destacó que con este panel el gobierno de Javier Corral abre las puertas de Palacio para que la voz de los pueblos indígenas se escuche en este recinto, en un ejercicio extraordinario sobre la puesta en práctica del ordenamiento legal estatal, nacional e internacional.
En las actuales condiciones del Estado de Chihuahua se puede pensar en una ley específica en materia de consulta y respeto a los derechos de los pueblos indígenas de este estado, afirmó Montes.
Exhortó a las instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y a los propios indígenas a trabajar unidos y decididos en la lucha por el respeto y lucha contra la violación de sus derechos, porque todas las batallas exigen una corresponsabilidad de los participantes para lograr la victoria.
Resaltó que este panel se realizó con una consulta previa a los pueblos indígenas de Chihuahua, y con respeto a sus costumbres y tradiciones.
En el panel también expusieron sus experiencias Isela González Díaz, directora de la organización Sierra Madre, A. C; Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. y Citlaly Quintana Zapién, directora del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A. C.