Para hacer frente a la realidad que prevalece en Chihuahua, ante la situación de violencia que padecen niñas, niños y adolescentes en la entidad, el gobierno de Javier Corral a través del DIF estatal emprende acciones con miras a reforzar actividades preventivas.
De esta forma, desde la Procuraduría especializada de atención a niñas, niños y adolescentes, el procurador, Licenciado César Juárez, y Cinthia Chavira de Corral, presidenta del Sistema DIF, arrancaron las acciones de verificación de las condiciones en que se desarrollan las actividades de cuidado en los diversos albergues de Chihuahua, donde se reciben menores y adultos mayores, bajo la tutela del DIF Estatal, donde 479 niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores, se encuentran bajo la tutela del estado a fin de garantizar la preservación de sus derechos sociales.
El recorrido inició en las instalaciones de la casa hogar “Palabra Viva A.C.”, donde decenas de niños y niñas estuvieron presentes, mientras se revisaba el lugar en donde los menores se hospedan, las áreas recreativas y académicas en donde llevan a cabo sus actividades cotidianas.
Cabe señalar que en la casa hogar "Palabra Viva" se encuentran más de 30 niñas y niños bajo la tutela del estado, de los cuales siete presentan situación de discapacidad, donde quienes cumplen los trece años de edad son trasladados a otro albergue donde se da seguimiento a sus necesidades y se busca garantizar la continuidad de su preparación académica.
En este inicio de supervisión, la Presidenta del DIF pudo también visitar el “Asilo Asociación Guadalupana de Ayuda al Necesitado A.C.” y platicar con los adultos mayores que se albergan allí, escuchando las experiencias y opiniones de los usuarios.
La finalidad de éstas visitas a los diferentes Centros de ayuda que supervisa el DIF Estatal consiste en comprometerse a mejorar la calidad del servicio de los distintos albergues para brindar una estancia de atención integral.
Ahí, la presidenta del sistema estatal DIF señaló que además de dar cumplimiento a la normatividad que permite al estado garantizar el respeto a los derechos de las personas albergadas, se busca establecer lazos de solidaridad , ayuda y acción efectiva para garantizar la eficiencia en el cuidado integral de personas cuyos derechos han sido vulnerados.