Miércoles 18 Enero 2017
La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, afirmó que durante las audiencias públicas efectuadas este miércoles en Palacio de Gobierno, el gobernador Javier Corral no solo escucha y atiende los planteamientos o problemas de la ciudadanía, sino que también permite la rendición de cuentas a los chihuahuenses, por parte del mandatario y de sus colaboradores.
Destacó que algunas de las personas se acercan al jefe del Ejecutivo o a los secretarios, únicamente con la intención de conocer las acciones y programas en los cuales se invierten los recursos públicos que administra Gobierno del Estado.
En los primeros 100 días de la actual administración, Chihuahua registró diversos cambios sin precedente en la historia de la entidad, como el hecho de hacer públicos los gastos en comunicación social. Por primera vez en Chihuahua se puede consultar a dónde viajan los funcionarios, cuánto se gasta, en qué se gasta y los resultados del viaje oficial que efectuó.
Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuyo personal dará capacitación a los servidores públicos de Gobierno del Estado, para lograr que adquiera sus insumos a los mejores precios y tener así un ejercicio más eficiente de los recursos.
Manifestó que por primera vez en Chihuahua, los funcionarios hicieron públicas sus declaraciones 3 de 3, a fin de que el ciudadano sepa cuál es el patrimonio y los conflictos de intereses de cada unos de los integrantes del Gabinete Estatal, y conozca los bienes que poseen cuando inician y cuando terminan su función en la administración estatal. “Esas declaraciones sí se presentaban pero no eran públicas, ni eran verificadas a fin de conocer sí hubo modificaciones en el patrimonio de los mismos”.
Expresó que la Secretaría de la Función Pública se compromete con la ciudadanía a revisar cualquier inconsistencia que detecte en la declaración 3 de 3, por parte de los servidores público estatales.
Stefany Olmos celebró el regreso de las licitaciones públicas y que no haya más contrataciones simuladas, como ocurrió en reiteradas ocasiones durante la administración anterior. Ahora todas las empresas participan para ofertar los mejores precios y servicios al Gobierno.
En cuanto a la sanción de actos de corrupción, que fue una de las principales demandas de los ciudadanos, se abrieron investigaciones a funcionarios que ocuparon altos puestos en la pasada administración, quienes fueron señalados por probables actos de corrupción.
Además, se presentaron denuncias en contra de aquellos otros que pudieran tener una responsabilidad por actos de este tipo, mismas que requieren un proceso legal que tiene diversas etapas y se fortalecieron los mecanismos de control para sancionar cualquier desvío de los servidores públicos de la actual administración estatal.
Agregó que la denominación de Secretaría de la Contraloría, cambió a la de Secretaría de la Función Pública, para mejorar trámites y servicios, digitalizarlos y dejar menos margen a las posibilidades de corrupción.
Destacó que algunas de las personas se acercan al jefe del Ejecutivo o a los secretarios, únicamente con la intención de conocer las acciones y programas en los cuales se invierten los recursos públicos que administra Gobierno del Estado.
En los primeros 100 días de la actual administración, Chihuahua registró diversos cambios sin precedente en la historia de la entidad, como el hecho de hacer públicos los gastos en comunicación social. Por primera vez en Chihuahua se puede consultar a dónde viajan los funcionarios, cuánto se gasta, en qué se gasta y los resultados del viaje oficial que efectuó.
Se firmó un convenio con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), cuyo personal dará capacitación a los servidores públicos de Gobierno del Estado, para lograr que adquiera sus insumos a los mejores precios y tener así un ejercicio más eficiente de los recursos.
Manifestó que por primera vez en Chihuahua, los funcionarios hicieron públicas sus declaraciones 3 de 3, a fin de que el ciudadano sepa cuál es el patrimonio y los conflictos de intereses de cada unos de los integrantes del Gabinete Estatal, y conozca los bienes que poseen cuando inician y cuando terminan su función en la administración estatal. “Esas declaraciones sí se presentaban pero no eran públicas, ni eran verificadas a fin de conocer sí hubo modificaciones en el patrimonio de los mismos”.
Expresó que la Secretaría de la Función Pública se compromete con la ciudadanía a revisar cualquier inconsistencia que detecte en la declaración 3 de 3, por parte de los servidores público estatales.
Stefany Olmos celebró el regreso de las licitaciones públicas y que no haya más contrataciones simuladas, como ocurrió en reiteradas ocasiones durante la administración anterior. Ahora todas las empresas participan para ofertar los mejores precios y servicios al Gobierno.
En cuanto a la sanción de actos de corrupción, que fue una de las principales demandas de los ciudadanos, se abrieron investigaciones a funcionarios que ocuparon altos puestos en la pasada administración, quienes fueron señalados por probables actos de corrupción.
Además, se presentaron denuncias en contra de aquellos otros que pudieran tener una responsabilidad por actos de este tipo, mismas que requieren un proceso legal que tiene diversas etapas y se fortalecieron los mecanismos de control para sancionar cualquier desvío de los servidores públicos de la actual administración estatal.
Agregó que la denominación de Secretaría de la Contraloría, cambió a la de Secretaría de la Función Pública, para mejorar trámites y servicios, digitalizarlos y dejar menos margen a las posibilidades de corrupción.