En la mesa panel “Política Nacional Anticorrupción” destacan que los sistemas anticorrupción deben ser transparentes y abiertos a la sociedad
Sábado 13 Octubre 2018
Una política nacional anticorrupción conformada por organismos independientes y autónomos, que persigan las causas, no sólo las consecuencias, y establezca mecanismos para que no se vuelvan a repetir casos como los de los exgobernadores que actualmente están bajo proceso penal, fueron los puntos coincidentes de los participantes en la mesa panel “Política Nacional Anticorrupción”, celebrada en el museo Casa Chihuahua.
José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, propuso la creación de un código de ética al que se sometan no sólo los funcionarios de gobierno, sino prácticamente cualquier ciudadano que venda algún producto o preste servicios al público.
La propuesta, similar a la que ya se aplica en otros países, consiste en que el ciudadano firme un compromiso de comportamiento ético con su profesión u actividad, con la institución a la cual sirve, con sus jefes, con sus subordinados, con sus padres y con sus hijos.
Luego –indicó– haría público ese código de ética para que cualquier persona lo pueda ver, con el objetivo de restablecer el déficit de integridad que padecen todas las instituciones.
El expositor presentó una tabla de evaluación de los niveles de independencia que tienen las instituciones encargadas del combate a la corrupción.
En una escala del 0 al 30, la Secretaría de la Función Pública tiene un 13%; los contralores internos, 10 de 30; y los órganos de control de los gobiernos estatales, un 13% sobre 30.
A su vez, la doctora Lourdes Morales, Directora de Red por la Rendición de Cuentas, enfatizó la necesidad de transitar hacia un régimen más universalista donde el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de los derechos.
Para tal efecto, planteó lo que pueden ser ejes de la Política Nacional Anticorrupción: profesionalización de los operadores de los gobiernos, financiamiento de responsabilidades, cuidado de los puntos de contacto del Gobierno con los ciudadanos, y el combate a la corrupción en redes.
“Debemos evitar la política de la ambulancia, la de atender a la víctima y no ver qué le pasó. No debe haber nuevos “Duartes”, nuevos corruptos, del partido que sean, porque la corrupción es democrática, hay en todos los partidos”, señaló.
Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó la plataforma “México contra la corrupción y la impunidad”, compuesta por cinco indicadores que conforman el “Semáforo anticorrupción”.
En ese sentido, indicó que Chihuahua obtuvo uno de los peores indicadores en el ejercicio de su gasto según la medición hecha en el año 2016, último de la anterior administración, al tener observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de faltantes por más de 11 mil millones de pesos.
En su turno, Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, expuso que, para atender el problema de la corrupción, es necesario un proceso de cuatro pasos: primero esclarecer los hechos; segundo, proteger a la víctima; tercero: castigar a los culpables y cuarto, reparar el daño.
En ese sentido, destacó la importancia de combatir la impunidad para evitar que los actos indebidos vuelvan a repetirse.
“Mientras sea redituable distraer dinero público, porque me aplican una multa de 58 mil pesos o me dan una pena que puede reducirse, no habremos cumplido con nuestra responsabilidad”, añadió.
El Panel “Política Nacional Anticorrupción” contó con la participación, como moderador, del exsecretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y exsecretario de la Función Pública del Gobierno de la República, Eduardo Romero Ramos.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article7580
José Octavio López Presa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, propuso la creación de un código de ética al que se sometan no sólo los funcionarios de gobierno, sino prácticamente cualquier ciudadano que venda algún producto o preste servicios al público.
La propuesta, similar a la que ya se aplica en otros países, consiste en que el ciudadano firme un compromiso de comportamiento ético con su profesión u actividad, con la institución a la cual sirve, con sus jefes, con sus subordinados, con sus padres y con sus hijos.
Luego –indicó– haría público ese código de ética para que cualquier persona lo pueda ver, con el objetivo de restablecer el déficit de integridad que padecen todas las instituciones.
El expositor presentó una tabla de evaluación de los niveles de independencia que tienen las instituciones encargadas del combate a la corrupción.
En una escala del 0 al 30, la Secretaría de la Función Pública tiene un 13%; los contralores internos, 10 de 30; y los órganos de control de los gobiernos estatales, un 13% sobre 30.
A su vez, la doctora Lourdes Morales, Directora de Red por la Rendición de Cuentas, enfatizó la necesidad de transitar hacia un régimen más universalista donde el interés privado no vulnere la autonomía del Estado ni el ejercicio pleno de los derechos.
Para tal efecto, planteó lo que pueden ser ejes de la Política Nacional Anticorrupción: profesionalización de los operadores de los gobiernos, financiamiento de responsabilidades, cuidado de los puntos de contacto del Gobierno con los ciudadanos, y el combate a la corrupción en redes.
“Debemos evitar la política de la ambulancia, la de atender a la víctima y no ver qué le pasó. No debe haber nuevos “Duartes”, nuevos corruptos, del partido que sean, porque la corrupción es democrática, hay en todos los partidos”, señaló.
Gustavo de Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presentó la plataforma “México contra la corrupción y la impunidad”, compuesta por cinco indicadores que conforman el “Semáforo anticorrupción”.
En ese sentido, indicó que Chihuahua obtuvo uno de los peores indicadores en el ejercicio de su gasto según la medición hecha en el año 2016, último de la anterior administración, al tener observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de faltantes por más de 11 mil millones de pesos.
En su turno, Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, expuso que, para atender el problema de la corrupción, es necesario un proceso de cuatro pasos: primero esclarecer los hechos; segundo, proteger a la víctima; tercero: castigar a los culpables y cuarto, reparar el daño.
En ese sentido, destacó la importancia de combatir la impunidad para evitar que los actos indebidos vuelvan a repetirse.
“Mientras sea redituable distraer dinero público, porque me aplican una multa de 58 mil pesos o me dan una pena que puede reducirse, no habremos cumplido con nuestra responsabilidad”, añadió.
El Panel “Política Nacional Anticorrupción” contó con la participación, como moderador, del exsecretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua y exsecretario de la Función Pública del Gobierno de la República, Eduardo Romero Ramos.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article7580