“La justicia sigue igual de politizada, para muestra lo de Lozoya, o lo que están ustedes padeciendo en Chihuahua”, “Sigue persistiendo el circuito de la ilegalidad y de la corrupción, no hemos tenido avances, hay una gran decepción”: afirmó la ponente en el marco del ENAC 2020
Viernes 02 Octubre 2020
Es el Presidente que más adjudicaciones directas ha otorgado, y ha roto el récord con el uso discrecional de recursos públicos
En el marco del ciclo de conferencias del Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2020, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, manifestó que a dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han tenido avances en el combate a la corrupción, además la transparencia ha sufrido un retroceso enorme.
Durante su participación por medio de videoconferencia, Amparo Casar aseveró que hay una gran decepción para todas las personas que esperaban que hubiese un cambio y una política anticorrupción que persiguiera el circuito del delito, “sigue persistiendo el circuito de la ilegalidad y de la corrupción, no hemos tenido avances, hay una gran decepción”.
Agregó que en cambio el presidente de la República ha roto el récord con el uso discrecional de recursos, ya que el 17 por ciento del presupuesto aprobado ha sido redireccionado, teniendo un destino distinto al de la voluntad del legislativo, y eso se llama discrecionalidad, falta de rendición de cuentas y al final corrupción.
“La justicia sigue igual de politizada, para muestra un botón, lo de Lozoya, o lo que están ustedes padeciendo en Chihuahua, el uso discrecional de recursos públicos ha sido notablemente mayor que en lo que ocurría en la época, como diría López Obrador, del Neoliberalismo”, expresó la expositora.
De igual manera, dijo que es el Presidente que más adjudicaciones directas ha dado, ya que según datos de CompraNet el 78% de los contratos del Gobierno Federal se han otorgado por adjudicación directa y sólo el 12% por licitación pública, “dos récord del Presidente que llegó a la Presidencia con la bandera de la corrupción”.
Aseveró que la transparencia ha sufrido un retroceso enorme, siendo que es el primer peldaño para la rendición de cuentas, además no hay investigaciones medianamente serias por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República sobre actos de corrupción ocurridos en esta administración.
Enlistó casos de corrupción como el del super delegado de Jalisco, cuando se descubrió que tenía contratos con el gobierno en efecto la Función Pública lo inhabilitó, pero descubrimos que dos de sus empresas volvieron a ganar contratos.
Después tuvimos el caso de Bartlett y su exoneración por conflicto de interés, tráfico de influencias e inconsistencias en su declaración patrimonial, sin mencionar el tema de los ventiladores para el COVID.
Se tiene el caso de Olga Sánchez Cordero con su 3 de 3 que tenía inconsistencias, el caso de Ana Gabriela Guevara de la Conade, la compra de las pipas para distribución por la escasez a inicios del gobierno.
La omisión en la publicación de los programes sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo, además siete dependencias del Gobierno Federal firmaron contratos con 16 empresas identificadas por el SAT como “fantasmas”.
Recientemente el caso del hermano de López Obrador, quien presionó a un delegado de una dependencia federal en Chihuahua y en una mañanera el Presidente lo reconoció pero dijo que su gestión no había tenido ningún efecto ante el gobierno local, como si el mérito fuera de él y no del Gobierno de Chihuahua.
El nepotismo de alcaldes, la denuncia de Zoé Robledo en el IMSS por haberle dado a familiares parte de contratos, lo de Pío López Obrador y David León, que llevan 43 días sin presentarse a declarar a pesar de que hay denuncias, y los actos de corrupción que denunció Jaime Cárdenas en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado.
“A esto habría que agregarle un conjunto de ilegalidades, porque una ilegalidad operada desde el Poder Ejecutivo equivale a también a un acto de corrupción, entonces la lista se alarga con nombramientos que no cumplen los requisitos de ley, leyes a modo como fue la “Ley Taibo” o la ley para nombrar a la entonces jefa del SAT y hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, el acuerdo del Presidente para dejar sin efecto la Reforma Educativa, en fin, todas estas ilegalidades que todos hemos ido registrando y denunciando”, concluyó Amparo Casar.
En el marco del ciclo de conferencias del Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2020, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, manifestó que a dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han tenido avances en el combate a la corrupción, además la transparencia ha sufrido un retroceso enorme.
Durante su participación por medio de videoconferencia, Amparo Casar aseveró que hay una gran decepción para todas las personas que esperaban que hubiese un cambio y una política anticorrupción que persiguiera el circuito del delito, “sigue persistiendo el circuito de la ilegalidad y de la corrupción, no hemos tenido avances, hay una gran decepción”.
Agregó que en cambio el presidente de la República ha roto el récord con el uso discrecional de recursos, ya que el 17 por ciento del presupuesto aprobado ha sido redireccionado, teniendo un destino distinto al de la voluntad del legislativo, y eso se llama discrecionalidad, falta de rendición de cuentas y al final corrupción.
“La justicia sigue igual de politizada, para muestra un botón, lo de Lozoya, o lo que están ustedes padeciendo en Chihuahua, el uso discrecional de recursos públicos ha sido notablemente mayor que en lo que ocurría en la época, como diría López Obrador, del Neoliberalismo”, expresó la expositora.
De igual manera, dijo que es el Presidente que más adjudicaciones directas ha dado, ya que según datos de CompraNet el 78% de los contratos del Gobierno Federal se han otorgado por adjudicación directa y sólo el 12% por licitación pública, “dos récord del Presidente que llegó a la Presidencia con la bandera de la corrupción”.
Aseveró que la transparencia ha sufrido un retroceso enorme, siendo que es el primer peldaño para la rendición de cuentas, además no hay investigaciones medianamente serias por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República sobre actos de corrupción ocurridos en esta administración.
Enlistó casos de corrupción como el del super delegado de Jalisco, cuando se descubrió que tenía contratos con el gobierno en efecto la Función Pública lo inhabilitó, pero descubrimos que dos de sus empresas volvieron a ganar contratos.
Después tuvimos el caso de Bartlett y su exoneración por conflicto de interés, tráfico de influencias e inconsistencias en su declaración patrimonial, sin mencionar el tema de los ventiladores para el COVID.
Se tiene el caso de Olga Sánchez Cordero con su 3 de 3 que tenía inconsistencias, el caso de Ana Gabriela Guevara de la Conade, la compra de las pipas para distribución por la escasez a inicios del gobierno.
La omisión en la publicación de los programes sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo, además siete dependencias del Gobierno Federal firmaron contratos con 16 empresas identificadas por el SAT como “fantasmas”.
Recientemente el caso del hermano de López Obrador, quien presionó a un delegado de una dependencia federal en Chihuahua y en una mañanera el Presidente lo reconoció pero dijo que su gestión no había tenido ningún efecto ante el gobierno local, como si el mérito fuera de él y no del Gobierno de Chihuahua.
El nepotismo de alcaldes, la denuncia de Zoé Robledo en el IMSS por haberle dado a familiares parte de contratos, lo de Pío López Obrador y David León, que llevan 43 días sin presentarse a declarar a pesar de que hay denuncias, y los actos de corrupción que denunció Jaime Cárdenas en el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado.
“A esto habría que agregarle un conjunto de ilegalidades, porque una ilegalidad operada desde el Poder Ejecutivo equivale a también a un acto de corrupción, entonces la lista se alarga con nombramientos que no cumplen los requisitos de ley, leyes a modo como fue la “Ley Taibo” o la ley para nombrar a la entonces jefa del SAT y hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, el acuerdo del Presidente para dejar sin efecto la Reforma Educativa, en fin, todas estas ilegalidades que todos hemos ido registrando y denunciando”, concluyó Amparo Casar.