En pronunciamiento dirigido a los tres poderes de la Unión, llaman a que, a partir de las denuncias públicas del Gobernador Javier Corral, se abra al debate público la reconfiguración institucional para el federalismo hacendario y el combate a la corrupción y la impunidad.
Sábado 03 Febrero 2018
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados alzó la voz para que en torno a la denuncia del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, respecto a las represalias ejercidas desde la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República por combatir la corrupción, prevalezca el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
“No podemos soslayar que cercar la autonomía y capacidades de los estados y politizar el sistema de justicia, resulta en una simulación democrática insostenible, que no merece México ni sus ciudadanos”, señala el pronunciamiento de la Federación que es dirigido al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Pueblo de México
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados se pronunció para que de inmediato se pongan sobre la tribuna pública y se discutan los temas de fondo en el reclamo del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a la Federación: el uso discrecional de los recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda y el marco institucional para el combate a la corrupción y la impunidad.
“La organización federal de la Nación mexicana necesita de una reconfiguración institucional, que revitalice los debidos equilibrios entre los poderes, e instrumente un nuevo esquema de organización colaborativa y transparente, sujeta al marco constitucional”, destaca el resolutivo firmado en la Ciudad de México el 27 de enero de 2017, por José Luis González Martínez, como presidente del Consejo Directivo Nacional; José Manuel Fajardo González como secretario general y Mireyra Refugio Borunda Hernández , como segunda vicepresidenta nacional.
El pronunciamiento público y los resolutivos del Consejo Directivo Nacional tienen el aval de los colegios, barras, asociaciones, foros y federaciones estatales que integran la Federación, en su calidad de organización nacional.
“Que el ejercicio del poder en los distintos órdenes de Gobierno se armonice con los principios de ética, transparencia, honestidad, eficiencia y buena fe, sustanciales para los objetivos nacionales de desarrollo y armonía, que nos permitan alcanzar la paz que todos deseamos”, destaca la Federación al final de su posicionamiento público.
En el documento, se explica que la Federación Mexicana de Colegios de Abogados A.C., es una organización nacional, plural y apolítica que dentro de sus fines tiene el de impulsar la materialización de un sistema republicano sólido, sustentado mediante un régimen democrático de derecho, que permita el ejercicio libre, eficiente, honesto y ético de los abogados, dentro de un marco de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de la sociedad en general.
Por ello fue que en sesión de trabajo del Consejo Directivo Nacional del 27 de febrero analizaron el caso de la denuncia pública del Gobernador de Chihuahua y se pronunciaron al respecto por considerar que atañe al sistema jurídico de México, conlleva un estudio y debate sobre el federalismo y el respeto al estado de derecho, y va más allá de temas electorales, de facciones partidistas o de intereses personales de los actores que ahí intervienen.
Respecto al reclamo del incumplimiento de la transferencia de 780 millones de pesos a Chihuahua por convenio ya pactados con Hacienda, la Federación señala que del tema surgen tópicos que no es posible soslayar ni omitir su discusión, toda vez que, asuntos como el uso discrecional de los recursos públicos, la actuación de la Procuraduría General de la Republica en procesos de impacto social, el combate real a la corrupción e impunidad y el desarrollo económico de un Estado de la Federación, no son cosa menor.
El pronunciamiento indica que se impone la necesidad de una opinión jurídica, objetiva e imparcial de las organizaciones civiles que tienen el compromiso de velar por un Estado Constitucional de Derecho, en el que los pesos y contrapesos de los poderes, sea efectivo, para que los mexicanos cuenten con la certeza jurídica indispensable en cualquier país libre y democrático.
“Más allá del reclamo del cumplimiento de convenios previamente acordados entre el Estado de Chihuahua y la SHCP, el punto relevante es el hecho de que dichos recursos son otorgados mediante el denominado Ramo 23 (provisiones salariales y económicas), el cual es un instrumento de política presupuestaria, integrado por distintos fondos, a través de los cuales, el Gobierno Federal, dispone de recursos que son otorgados a los Estados y Municipios para diversos fines, tales como infraestructura, servicios, afectaciones ambientales, capacitación etc.”, señala el documento.
“Sin embargo -señala- el punto medular que debemos resaltar es la inexistencia de reglas claras, debidamente normadas para establecer la forma y distribución de estos recursos públicos a las Entidades Federativas, y que permitan eliminar la discrecionalidad y disparidad en cómo son otorgados en mayores cantidades a unos Estados que a otros, sin ninguna base jurídica, económica o social”.
Los abogados se pronunciaron porque se emitan reglas precisas y normativas sobre la forma en que debe operar la disposición y distribución del contenido de este Ramo 23, que para el año 2018 se integrará por 156’463,239,818.00 (Ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos.).
El resolutivo también destaca otro punto relevante que surge del reclamo hecho por el Gobernador Javier Corral, en cuanto a la forma en que se llevan a efecto las actuaciones y decisiones de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación a la persecución de actos delictivos imputados a funcionarios públicos de la pasada administración en Chihuahua.
En ese punto piden que antes que nada se cumpla con la legislación vigente para que al frente de la PGR sea nombrado un titular y no ejerza un encargado de despacho, además de que conminaron a que se emita por parte del Congreso de la Unión la nueva ley que transforme a esa institución en Fiscalía General de la Republica, para adecuarla a la figura constitucional establecida en el artículo 102 de la carta fundamental de México, reformada en este sentido el 29 de enero del 2016.
“A pesar de esta vacatio legis que ya ha durado dos años, sigue la omisión legislativa sobre la expedición de esta importante ley, que conlleva la vulneración a la previsión constitucional y que no permite avanzar en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y de esta institución, parte primordial del sistema de justicia en México”, señala el pronunciamiento.
Agrega que el Estado mexicano no debe ni puede poner en tela de juicio, la imparcialidad y fortaleza institucional de la PGR o de cualquier otra institución de procuración o administración de justicia, pues esto se traduciría en politizar el acceso a la justicia, en detrimento de la constitución y de la sociedad en general.
“Se hace un llamado al Congreso de la Unión, para que a la brevedad emita la ley antes mencionada, y mediante un proceso transparente se realice el nombramiento del Fiscal General y del Fiscal anti corrupción”, destaca.
En relación a la controversia entre el Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal respecto a los recursos presupuestales, la agrupación señala que es momento de abrir a la discusión pública e incluyente, la actual estructura, organización y marco jurídico del pacto federal en México, con la finalidad de proponer e instrumentar los cambios y adecuaciones necesarias para lograr el fortalecimiento de un federalismo acorde a la visión de un país republicano y democrático, sustentado en una constitución política vigente en sus principios y aplicación.
“Los estados integrantes de esta Nación deben gozar de una fortaleza y autonomía que les permita un desarrollo sustentable en el marco de una organización federalizada, plural, incluyente y respetuosa del marco constitucional, abierta al diálogo y a la opinión crítica de los ciudadanos”, indica la Federación.