Es presunto responsable del desvío de 120 millones de pesos del erario público.
Lunes 08 Mayo 2017
La Fiscalía General del Estado formuló imputación por el delito de peculado a Antonio Enrique T. G., a quien se le atribuye el desvío de 120 millones de pesos del erario público durante la administración pasada, cuando fungía como director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.
En la audiencia celebrada la noche de este domingo, la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Guadalupe Hernández, escuchó la sólida argumentación del agente del Ministerio Público, que establece la presunta responsabilidad del diputado suplente en el delito de peculado agravado, según la causa penal 1260/17.
En la investigación ministerial, quedó asentado que de febrero de 2015 a octubre de 2016, Antonio Enrique T. G., previo acuerdo con otros servidores públicos, desvió 120 millones de pesos, al simular un proceso administrativo para “asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos” con la empresa Kepler Soluciones Integrales bajo el número de contrato CH/AD/098/15, realizado el 31 de julio de 2015.
Esta representación social agregó: “Los servicios profesionales nunca fueron prestados y se realizaron mediante una licitación de adjudicación directa; además, el imputado fue quien dirigió tal acción con la realización de cuatro pagos”.
• El 30 de marzo de 2015 por la cantidad de 40 millones de pesos.
• El 09 de abril de 2015 por la cantidad de 30 millones de pesos.
• El 06 de mayo de 2015 por la cantidad de 40 millones de pesos.
• El 04 de julio de 2015 por la cantidad de 10 millones de pesos.
Antonio Enrique T. G. fue capturado la mañana del domingo 7 de mayo en la ciudad de México, tras cumplimentarle una orden de aprehensión por agentes de la Policía Estatal Única en coordinación con autoridades de la capital del país.
Asimismo, la Jueza de Control declaró legal la detención y a solicitud del Ministerio Público le fijó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.
En tanto, la audiencia de vinculación a proceso será el próximo viernes 12 de mayo a las 09:30 horas, y de ser encontrado penalmente responsable, podría alcanzar hasta 18 años de prisión.
En la audiencia celebrada la noche de este domingo, la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Guadalupe Hernández, escuchó la sólida argumentación del agente del Ministerio Público, que establece la presunta responsabilidad del diputado suplente en el delito de peculado agravado, según la causa penal 1260/17.
En la investigación ministerial, quedó asentado que de febrero de 2015 a octubre de 2016, Antonio Enrique T. G., previo acuerdo con otros servidores públicos, desvió 120 millones de pesos, al simular un proceso administrativo para “asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos” con la empresa Kepler Soluciones Integrales bajo el número de contrato CH/AD/098/15, realizado el 31 de julio de 2015.
Esta representación social agregó: “Los servicios profesionales nunca fueron prestados y se realizaron mediante una licitación de adjudicación directa; además, el imputado fue quien dirigió tal acción con la realización de cuatro pagos”.
• El 30 de marzo de 2015 por la cantidad de 40 millones de pesos.
• El 09 de abril de 2015 por la cantidad de 30 millones de pesos.
• El 06 de mayo de 2015 por la cantidad de 40 millones de pesos.
• El 04 de julio de 2015 por la cantidad de 10 millones de pesos.
Antonio Enrique T. G. fue capturado la mañana del domingo 7 de mayo en la ciudad de México, tras cumplimentarle una orden de aprehensión por agentes de la Policía Estatal Única en coordinación con autoridades de la capital del país.
Asimismo, la Jueza de Control declaró legal la detención y a solicitud del Ministerio Público le fijó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.
En tanto, la audiencia de vinculación a proceso será el próximo viernes 12 de mayo a las 09:30 horas, y de ser encontrado penalmente responsable, podría alcanzar hasta 18 años de prisión.