La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas responde a Tomás Ruiz

Lo invita a dialogar y a hacer aportaciones a favor de las comunidades de la Sierra

La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas  (COEPI) llamó a Tomás Ruiz al diálogo, para lograr un entendimiento social a favor de las comunidades de la Sierra, luego de que un medio impreso publicó una nota con la declaración de Ruiz, desestimando el nombramiento de María Teresa Guerrero Olivares, como titular de esta Comisión, que forma parte del gabinete estatal de primer nivel.

“Las razones aducidas por el señor Tomás Ruiz, se basan en que no fueron consultados los pueblos indígenas del estado, para realizar la designación de la titular de la COEPI, pero el argumento, muestra desconocimiento de la ley, ya que la designación de los miembros del gabinete es función exclusiva del gobernador del Estado, y se fundamenta en el Artículo 93 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua” señala el posicionamiento que se fijó en torno a la nota publicada desde el pasado 16 de octubre. 

Agrega que al señor Tomas Ruiz, se le invita para que acuda a las oficinas de  la Comisión Estatal, para que haga sus aportaciones correspondientes a favor de  los pueblos y comunidades indígenas.

La COEPI considera que la declaración de Ruiz, contiene una confusión en relación al derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocida por los Artículos 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan la obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna, así como por los tratados y acuerdos internacionales firmados por México, entre los que se encuentra el Convenio 169 de la Orgaizacion Internacional del Trabajo (OIT). 

Explica que el derecho a la consulta previa, libre e informada, es un derecho vinculante para aquellas situaciones que se refieran a modificaciones legislativas, administrativas o de inversión, que pongan en riesgo el territorio, los recursos naturales, la cultura y la vida de los pueblos indígenas.

De este derecho, informó la COEPI, se derivó el amparo de la comunidad Bosques de San Elías Repechique, que finalmente obtuvo una sentencia a favor de esa comunidad rarámuri y que el gobierno de César Duarte no acató, por lo que el cumplimiento se transfiere al Gobierno actual, encabezado por Javier Corral.