Se vendían predios hasta 10 veces menos que el precio catastral; debieron cancelar ventas para evitar más afectaciones
Durante la anterior administración de Gobierno del Estado, Chihuahua sufrió un quebranto patrimonial en su reserva territorial, por más de mil 500 millones de pesos, denunció el director de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (COESVI), Carlos Borruel.
Al rendir el informe sobre el estado actual que guarda su dependencia, el funcionario indicó que lo que antes era el Instituto de la Vivienda, funcionó como una inmobiliaria, y en términos conservadores, se puede decir que generó un quebranto de más de mil 500 millones de pesos, por la venta de más de la mitad de las reservas territoriales del estado, a precios muy por debajo no solo de los precios comerciales, sino incluso de los catastrales.
Explicó que mediante la localización de expedientes de algunos desarrolladores de proyectos inmobiliarios, se detectó que por lo general, las transacciones irregulares involucraban a dos empresas registradas “pero con un solo propietario y son terrenos que en los últimos años, han tenido muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez”.
Una empresa ofrecía un precio y después se retiraba de la oferta para que la otra compañía del mismo dueño, postulara a un precio menor y así lograr cerrar la transacción, agregó.
El titular de COESVI, señaló que en menos de 30 días, se recuperaron 8 millones de pesos por adeudos de hace 10 años. Y hay otra recuperación por 17 millones que corresponde a adeudos, detectados a otras dos empresas.
Carlos Borruel anunció que para que esto no vuelva a ocurrir, cada caso se va a turnar a la junta de gobierno de Coesvi, integrada por diferentes secretarías de estado, para que se efectúe una licitación inversa o subasta, en donde se asigne el precio comercial al terreno y éste se pueda vender a quien ofrezca más. “No es solamente denunciar, recuperar y fortalecer las finanzas de la comisión. También, habrá que poner candados para evitar este tipo de abusos que indignan y ofenden para que no vuelvan a cometerse”, expresó.
Señaló que además, esta dependencia descentralizada se recibió con una deuda de 592 millones de pesos, y sin recursos para cubrir la primera nómina; con 143 millones de pesos en cartera vencida; con la cancelación del contrato de recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y en un total desaseo administrativo.
El monto de 592 millones de pesos, dijo, es producto de la deuda contraída por la administración en diciembre de 2010 por un monto de 800 millones de pesos. Al 15 de octubre de 2016, cuando se debía pagar la nómina al personal de la dependencia, “no había un solo peso”.
Agregó que los desarrolladores registraban un adeudo de 40 millones desde 2006 y 2007 “y por extrañas razones no se les hacía ningún cobro”. Otro adeudo existente por 14 millones de pesos corresponde a una operación por 17 millones también a dos empresas.
“Curiosamente cuando llegamos y no encontramos recursos, yo notifiqué a las empresas, que adeudaban los 14 millones, desde hace alrededor de dos o tres años. Me responden de inmediato, una de ellas está en Juárez y la otra en Chihuahua y los dos oficios vienen redactados exactamente igual, con las mismas comas, con las mismas palabras”, expresó.
En esa circunstancia, procedieron a detener el cobro de los 14 millones, se abocaron a investigar los avalúos y encontraron que estaban 8 o 10 veces por debajo del valor catastral, ni siquiera el comercial. “Entonces procedimos a hablar con los representantes legales de las empresas, inmediatamente empezaron a cambiar sus nombres en las actas constitutivas, los propietarios originales, cuando vieron que detectamos la irregularidad”, explicó. Se les advirtió que esa situación implicaba casos en materia penal y de otra índole y de inmediato fueron a firmar para la recuperación de 30 hectáreas con valor de 155 millones de pesos.
Mencionó que en lo que antes fue el Instituto de la Vivienda, se hacían ventas muy atractivas, porque pedían enganches del 5 por ciento y daban facilidades con abonos chiquitos para que los fueran pagando poco a poco. “Evidentemente que esto implicaba una corrupción, una complicidad de funcionarios y particulares, para estar actuando en forma muy ventajosa en perjuicio del patrimonio de los chihuahuenses y de este tipo de reservas”, señaló.
Agregó que localizaron un caso de la venta de 190 hectáreas, alrededor de 2012, con una empresa, a quien vendieron a un precio de 90 pesos el metro cuadrado. Tres meses después, la empresa dice que no tiene recursos y entra otra en la adquisición y en lugar de venderle a 90 pesos, le venden a 92, cuando el precio mínimo en esa zona era de 800 pesos el metro cuadrado.
“Si se multiplica 192 por 10 mil metros que tiene cada hectárea, se habla de 1 millón 920 mil metros cuadrados. Y si a cada metro cuadrado le sacaban juna utilidad de 750 pesos puede haber una recuperación de 2 mil millones de pesos”, señaló Borruel.
Agregó que cuando la administración a su cargo quiso activar el Programa de Vivienda Abandonada de Infonavit, detectaron que el anterior director, había mandado un oficio al Infonavit, pidiéndole la cancelación anticipada de ese convenio, en un acto que impidió seguir con la recuperación de vivienda para entregar a los que más la necesitan.
Al rendir el informe sobre el estado actual que guarda su dependencia, el funcionario indicó que lo que antes era el Instituto de la Vivienda, funcionó como una inmobiliaria, y en términos conservadores, se puede decir que generó un quebranto de más de mil 500 millones de pesos, por la venta de más de la mitad de las reservas territoriales del estado, a precios muy por debajo no solo de los precios comerciales, sino incluso de los catastrales.
Explicó que mediante la localización de expedientes de algunos desarrolladores de proyectos inmobiliarios, se detectó que por lo general, las transacciones irregulares involucraban a dos empresas registradas “pero con un solo propietario y son terrenos que en los últimos años, han tenido muchísima plusvalía comercial, sobre todo en la ciudad de Chihuahua y se están localizando otros de Ciudad Juárez”.
Una empresa ofrecía un precio y después se retiraba de la oferta para que la otra compañía del mismo dueño, postulara a un precio menor y así lograr cerrar la transacción, agregó.
El titular de COESVI, señaló que en menos de 30 días, se recuperaron 8 millones de pesos por adeudos de hace 10 años. Y hay otra recuperación por 17 millones que corresponde a adeudos, detectados a otras dos empresas.
Carlos Borruel anunció que para que esto no vuelva a ocurrir, cada caso se va a turnar a la junta de gobierno de Coesvi, integrada por diferentes secretarías de estado, para que se efectúe una licitación inversa o subasta, en donde se asigne el precio comercial al terreno y éste se pueda vender a quien ofrezca más. “No es solamente denunciar, recuperar y fortalecer las finanzas de la comisión. También, habrá que poner candados para evitar este tipo de abusos que indignan y ofenden para que no vuelvan a cometerse”, expresó.
Señaló que además, esta dependencia descentralizada se recibió con una deuda de 592 millones de pesos, y sin recursos para cubrir la primera nómina; con 143 millones de pesos en cartera vencida; con la cancelación del contrato de recuperación de vivienda abandonada del Infonavit y en un total desaseo administrativo.
El monto de 592 millones de pesos, dijo, es producto de la deuda contraída por la administración en diciembre de 2010 por un monto de 800 millones de pesos. Al 15 de octubre de 2016, cuando se debía pagar la nómina al personal de la dependencia, “no había un solo peso”.
Agregó que los desarrolladores registraban un adeudo de 40 millones desde 2006 y 2007 “y por extrañas razones no se les hacía ningún cobro”. Otro adeudo existente por 14 millones de pesos corresponde a una operación por 17 millones también a dos empresas.
“Curiosamente cuando llegamos y no encontramos recursos, yo notifiqué a las empresas, que adeudaban los 14 millones, desde hace alrededor de dos o tres años. Me responden de inmediato, una de ellas está en Juárez y la otra en Chihuahua y los dos oficios vienen redactados exactamente igual, con las mismas comas, con las mismas palabras”, expresó.
En esa circunstancia, procedieron a detener el cobro de los 14 millones, se abocaron a investigar los avalúos y encontraron que estaban 8 o 10 veces por debajo del valor catastral, ni siquiera el comercial. “Entonces procedimos a hablar con los representantes legales de las empresas, inmediatamente empezaron a cambiar sus nombres en las actas constitutivas, los propietarios originales, cuando vieron que detectamos la irregularidad”, explicó. Se les advirtió que esa situación implicaba casos en materia penal y de otra índole y de inmediato fueron a firmar para la recuperación de 30 hectáreas con valor de 155 millones de pesos.
Mencionó que en lo que antes fue el Instituto de la Vivienda, se hacían ventas muy atractivas, porque pedían enganches del 5 por ciento y daban facilidades con abonos chiquitos para que los fueran pagando poco a poco. “Evidentemente que esto implicaba una corrupción, una complicidad de funcionarios y particulares, para estar actuando en forma muy ventajosa en perjuicio del patrimonio de los chihuahuenses y de este tipo de reservas”, señaló.
Agregó que localizaron un caso de la venta de 190 hectáreas, alrededor de 2012, con una empresa, a quien vendieron a un precio de 90 pesos el metro cuadrado. Tres meses después, la empresa dice que no tiene recursos y entra otra en la adquisición y en lugar de venderle a 90 pesos, le venden a 92, cuando el precio mínimo en esa zona era de 800 pesos el metro cuadrado.
“Si se multiplica 192 por 10 mil metros que tiene cada hectárea, se habla de 1 millón 920 mil metros cuadrados. Y si a cada metro cuadrado le sacaban juna utilidad de 750 pesos puede haber una recuperación de 2 mil millones de pesos”, señaló Borruel.
Agregó que cuando la administración a su cargo quiso activar el Programa de Vivienda Abandonada de Infonavit, detectaron que el anterior director, había mandado un oficio al Infonavit, pidiéndole la cancelación anticipada de ese convenio, en un acto que impidió seguir con la recuperación de vivienda para entregar a los que más la necesitan.