Organizaciones que antes eran perseguidas, ahora son aliadas y promotoras de la iniciativa
Al recibir el Proyecto de Decreto para la Creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos, el gobernador Javier Corral, se comprometió a limpiar la Fiscalía de la indiferencia, el desdén y la cultura autoritaria, para crear una nueva institución, aliada de las víctimas de violencia y de los derecho humanistas.
“Nosotros vamos a limpiar la Fiscalía. A vencer las resistencias. Nadie debe tener duda de nuestra voluntad de hacer las cosas y eso permea. Si se ve al gobernador, al fiscal, al secretario de gobierno, decididos y resueltos a ir hasta donde tope, todo lo demás va recibiendo esa actitud y es lo que tenemos que cambiar”, expresó el mandatario estatal.
“Vamos a modificar actitudes, a cambiar estructuras, es una nueva Fiscalía la que queremos hacer, que deje de estar en cierta parte, coludida con los intereses de los malosos, de los delincuentes, del crimen organizado. Pasar de una fiscalía que persiguió a los defensores de los derechos humanos, a ser su aliada y el instrumento de servicio de las víctimas”, señaló el gobernador ante organizaciones de la sociedad civil, que le entregaron el proyecto.
Destacó que los impulsores de varias iniciativas, no son ahora las autoridades, sino los derecho humanistas, quienes hasta hace poco tiempo, eran víctimas de hostigamiento político y discriminación, sin embargo, dijo, ahora serán defendidos y protegidos los 365 días del año, porque son considerados los principales aliados de este gobierno.
Adelantó que está pendiente la iniciativa de reforma para tipificar el feminicidio, con el objetivo de que Chihuahua deje de ser una vergüenza nacional y sea ejemplo y referente en el país: “que se diga que aquí se respetan los derechos humanos”, apuntó. Dijo que los eventos que se celebraron en las más recientes semanas, relacionados con los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general, reflejan el compromiso del gobernador, así como de los integrantes del Gabinete y de todas las personas que trabajan en el Gobierno.
“Lo más grave que le sucedió al país y a Chihuahua, es que tras el objetivo de la seguridad nacional, se terminaron relativizando los derechos humanos, lo cual es una gran tragedia nacional y estatal de la llamada guerra contra el narcotráfico, porque se podía prescindir de los derechos humanos, por avanzar en el objetivo de bajar la incidencia delictiva”. Señaló además, que la política de seguridad solo puede ser eficaz, si está supeditada al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Dijo que a reserva de darle formalidad mediante oficio al proyecto, para lo cual instruyó al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, el propio gobernador hace suya esta iniciativa, misma que firmó y entregó al H. Congreso del Estado, para el tratamiento que requiere, acorde a la situación que vive Chihuahua.
Se comprometió a dar seguimiento puntual a las recomendaciones de la sentencia del Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2009, ya que los gobiernos han sido omisos en la investigación de los casos con un enfoque de perspectiva de género.
El mandatario estatal dio a conocer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya tiene la asignación, en recursos del Presupuesto de Egresos Estatal para 2017, que conlleva apoyo a las organizaciones. También anunció que en las oficinas que albergaron a los juzgados civiles, familiares y penales en Paseo Bolívar, se instalarán varias áreas de la Fiscalía relacionadas con derechos humanos y atención a víctimas. Dijo que ahí despachará el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para brindar un trato adecuado a los familiares de las víctimas que han sufrido delitos graves, en materia de derechos humanos.
A su vez, el experto de Colombia en criminología, Pedro Díaz Romero, dijo que una Fiscalía de esta naturaleza es inédita en el país. Con su creación, dijo, se da cumplimiento a una obligación nacional e internacional, que además de ser una exigencia de los familiares de las víctimas, debe incluir una Unidad de Análisis, para concentrar y priorizar los casos e investigar todas las desapariciones forzadas en el estado, pero debe funcionar en coordinación con las cuatro fiscalías regionales de la entidad.
Visiblemente emocionada, la presidenta del H. Congreso, diputada Blanca Gámez, celebró que después de muchos años de espera, por fin se hará realidad la creación de esta Fiscalía que atenderá a quienes siguen a la espera de la justicia.
En el evento se contó con la participación de la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro; así como de Francisca Jiménez Barrientos, en representación de las organizaciones en pro de los derechos humanos, y de Eric Solorio, en representación de las víctimas.
“Nosotros vamos a limpiar la Fiscalía. A vencer las resistencias. Nadie debe tener duda de nuestra voluntad de hacer las cosas y eso permea. Si se ve al gobernador, al fiscal, al secretario de gobierno, decididos y resueltos a ir hasta donde tope, todo lo demás va recibiendo esa actitud y es lo que tenemos que cambiar”, expresó el mandatario estatal.
“Vamos a modificar actitudes, a cambiar estructuras, es una nueva Fiscalía la que queremos hacer, que deje de estar en cierta parte, coludida con los intereses de los malosos, de los delincuentes, del crimen organizado. Pasar de una fiscalía que persiguió a los defensores de los derechos humanos, a ser su aliada y el instrumento de servicio de las víctimas”, señaló el gobernador ante organizaciones de la sociedad civil, que le entregaron el proyecto.
Destacó que los impulsores de varias iniciativas, no son ahora las autoridades, sino los derecho humanistas, quienes hasta hace poco tiempo, eran víctimas de hostigamiento político y discriminación, sin embargo, dijo, ahora serán defendidos y protegidos los 365 días del año, porque son considerados los principales aliados de este gobierno.
Adelantó que está pendiente la iniciativa de reforma para tipificar el feminicidio, con el objetivo de que Chihuahua deje de ser una vergüenza nacional y sea ejemplo y referente en el país: “que se diga que aquí se respetan los derechos humanos”, apuntó. Dijo que los eventos que se celebraron en las más recientes semanas, relacionados con los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general, reflejan el compromiso del gobernador, así como de los integrantes del Gabinete y de todas las personas que trabajan en el Gobierno.
“Lo más grave que le sucedió al país y a Chihuahua, es que tras el objetivo de la seguridad nacional, se terminaron relativizando los derechos humanos, lo cual es una gran tragedia nacional y estatal de la llamada guerra contra el narcotráfico, porque se podía prescindir de los derechos humanos, por avanzar en el objetivo de bajar la incidencia delictiva”. Señaló además, que la política de seguridad solo puede ser eficaz, si está supeditada al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Dijo que a reserva de darle formalidad mediante oficio al proyecto, para lo cual instruyó al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, el propio gobernador hace suya esta iniciativa, misma que firmó y entregó al H. Congreso del Estado, para el tratamiento que requiere, acorde a la situación que vive Chihuahua.
Se comprometió a dar seguimiento puntual a las recomendaciones de la sentencia del Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2009, ya que los gobiernos han sido omisos en la investigación de los casos con un enfoque de perspectiva de género.
El mandatario estatal dio a conocer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya tiene la asignación, en recursos del Presupuesto de Egresos Estatal para 2017, que conlleva apoyo a las organizaciones. También anunció que en las oficinas que albergaron a los juzgados civiles, familiares y penales en Paseo Bolívar, se instalarán varias áreas de la Fiscalía relacionadas con derechos humanos y atención a víctimas. Dijo que ahí despachará el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para brindar un trato adecuado a los familiares de las víctimas que han sufrido delitos graves, en materia de derechos humanos.
A su vez, el experto de Colombia en criminología, Pedro Díaz Romero, dijo que una Fiscalía de esta naturaleza es inédita en el país. Con su creación, dijo, se da cumplimiento a una obligación nacional e internacional, que además de ser una exigencia de los familiares de las víctimas, debe incluir una Unidad de Análisis, para concentrar y priorizar los casos e investigar todas las desapariciones forzadas en el estado, pero debe funcionar en coordinación con las cuatro fiscalías regionales de la entidad.
Visiblemente emocionada, la presidenta del H. Congreso, diputada Blanca Gámez, celebró que después de muchos años de espera, por fin se hará realidad la creación de esta Fiscalía que atenderá a quienes siguen a la espera de la justicia.
En el evento se contó con la participación de la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro; así como de Francisca Jiménez Barrientos, en representación de las organizaciones en pro de los derechos humanos, y de Eric Solorio, en representación de las víctimas.