La corrupción en distintas operaciones con bienes públicos, la magnitud del déficit financiero heredado por la pasada administración, el enorme pago de intereses y capital de la deuda, así como los ingresos futuros comprometidos hasta el 2044, colocaron al Gobierno del Estado en un situación crítica y de emergencia financiera, señaló el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.
El impacto de ese manejo financiero, se refleja hoy en una limitada capacidad de operación del nuevo gobierno, desabasto de medicinas en hospitales públicos, vehículos de seguridad pública sin gasolina y sin mantenimiento, suspensión de obras y proyectos, así como la falta de aportación a programas federales ya convenidos, explicó el funcionario, al presentar la situación que guarda la dependencia a un mes de la entrega-recepción.
Fuentes Vélez indicó que el endeudamiento total del estado, asciende a 55 mil millones de pesos, sumando la deuda pública registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (48 mil 213 millones de pesos) y los adeudos a proveedores, además de otros pendientes de pago (7 mil millones de pesos).
Fuentes Vélez explicó que en la administración 2010-2016, en relación a su saldo inicial, la deuda se incrementó en un 284 por ciento, hasta llegar a los 48 mil millones.
Consideró que en el contexto nacional, Veracruz destaca por su endeudamiento, pero en cuanto a la deuda pública por habitante, Chihuahua duplica a ese estado, en tanto que cada chihuahuense debe 11 mil 308.50 pesos, mientras que cada veracruzano debe 5 mil 621 pesos.
Agregó que el estado se encuentra en el límite de su techo de endeudamiento bancario, que es de 24 mil millones de pesos, por lo que no podrán contratarse nuevos créditos bancarios a largo plazo.
El secretario especificó, que solo en 2016 el pago de intereses de la deuda es de mil 904 millones de pesos, lo que representa el 55 por ciento de la inversión pública estatal, por lo cual, una de las primeras acciones, es la reestructura de la deuda en condiciones más favorables.
Recordó que al 5 de octubre, se recibió un saldo de caja por 294 millones de pesos, pero solo se podía disponer de 21 millones debido a que el resto (573 millones) estaban comprometidos para los municipios.
Respecto a los recursos que la anterior administración identificó como bursatilización por 6 mil millones de pesos, aclaró que se trató de un crédito de largo plazo, que en su totalidad fue dispuesto por el pasado Gobierno.
Fuentes Vélez señaló que los pasivos exigibles al 28 de octubre de 2016, eran de 5 mil 262 millones de pesos, que se componen de un adeudo a proveedores externos de mil 393 millones, adeudos con entes públicos internos por mil 876 millones, pasivos con margen de negociación de mil 793, así como una estimación de otros adeudos no considerados, del orden de los 200 millones. Aparte está el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad por cerca de mil 200 millones de pesos.
Para hacer frente a esta situación, la dependencia a su cargo tiene programado para el próximo año, realizar un ahorro de mil 750 millones de pesos, de los cuales mil serán en ahorros en cuanto al gasto en servicios personales, gasolina, viáticos y otros rubros de los funcionarios y trabajadores del gobierno, incluido el congelamiento de plazas vacantes y la no contratación de empleados eventuales, más 750 millones que serán producto de una mejor operatividad en cuanto a la recaudación fiscal que se realiza.
En cuanto a los datos preliminares en materia de corrupción, y su impacto en las finanzas públicas, señaló que existen 486 millones de pesos en pagos a una sola empresa constituida en el 2012. Explicó que esa empresa fue beneficiada con diversas operaciones, a precios superiores a los del mercado y al 30 de septiembre de 2016 no se le adeuda un solo pago.
Agregó que este año se ejercieron 512 millones de pesos en pago a asesorías, donde no se encontró ni la justificación, ni la evidencia del trabajo realizado. Por otra parte, se encontró un gasto de 2 mil 736 millones de pesos durante cuatro años en publicaciones y solamente en el 2016 los recursos dedicados a este apartado, representan 10 veces más de lo que se destina a la atención de pueblos indígenas.
Fuentes Vélez añadió que se advirtió un uso discrecional del helicóptero en vuelos al rancho del exgobernador César Duarte. En 2015 fueron 27 vuelos y en 2016 otros 23 vuelos, lo cual representa el uso indebido de un bien público.
Hubo también una afectación al erario público, por un total de 127 millones de pesos para la adquisición de un helicóptero nuevo, modelo 2016, mediante adjudicación directa y sin esperar la resolución de la reclamación a la aseguradora, por el siniestro que tuvo el helicóptero oficial anterior, un expediente que aún se encuentra en litigio.