Graves distorsiones encontradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, generaron rapacidad, corrupción, distracción de recursos, actos de simulación y favoritismo, durante los seis años que duró la gestión de la anterior administración estatal.
Ese es el saldo que encontró Ana Luisa Herrera Laso, al recibir dicha dependencia, en donde durante la pasada administración, se implantó una sistemática rapacidad en los niveles directivos “que aprovecharon los cargos para beneficiar a parientes y amistades, en vez de servir honradamente a los chihuahuenses”.
Los casos más graves, fueron detectados en el Servicio Estatal de Empleo, donde los malos manejos hundieron al estado de Chihuahua hasta el último lugar a nivel nacional, el 32, con respecto a los estándares de gestión en la promoción del empleo.
Al dar a conocer el estado que guarda Trabajo y Previsión Social, Herrera Laso destacó que todas las áreas de la dependencia, fueron subordinadas a una ficticia Dirección General de Justicia y Ética Laboral, que no ejercía controles eficaces ni sobre la calidad del trabajo, ni sobre la legalidad de las actividades.
"El personal no tenía responsabilidades claramente delimitadas; había desorden en los aspectos básicos de administración, y la rendición de cuentas era nula", indicó la funcionaria. Con ello, a los chihuahuenses se les ocultó el modo en el que podían acceder a los distintos apoyos que existen para impulsar el empleo y mejorar sus habilidades laborales.
Aunado a ello, se establecieron redes ilegales para que los funcionarios adscritos y sus familiares, fueran los principales favorecidos con las ayudas financieras: "Se crearon empresas solo en papel, para manipular los procesos", aseguró Herrera, "y en el padrón de beneficiarios están los parientes, a quienes se les entregaron recursos públicos, violando la normatividad".
Para sustentar su dicho, la titular del Trabajo y Previsión Social, ejemplificó: Más de 380 mil pesos se utilizaron para agraciar únicamente a 12 personas, que supuestamente fueron capacitadas, durante el increíble tiempo de nueve meses, violando así, restricciones sobre duplicación de beneficiarios y cayendo en la excesiva prolongación de las ayudas a una misma persona.
Los fondos federales destinados a la promoción del empleo, en beneficio de los chihuahuenses, "fueron distraídos de su exclusivo propósito original, para ser empleados como parte de la caja chica, y así, sufragar los gastos que se les ocurrieran: gratificaciones ficticias, adquisición de bienes inmuebles, realización de eventos propagandísticos y obras superfluas, destinadas a manipular y engañar sobre las deficiencias administrativas, en pos de notoriedad".
Dos millones 550 mil pesos de recursos federales para fortalecer la infraestructura de la dependencia y así brindar remodelaciones para atender mejor a los usuarios, fueron distraídos para el acondicionamiento de la sala de juicios orales en ciudad Delicias y la Junta Federal en Parral.
La simulación también fue objeto de la pasada administración, con el pomposo evento que denominaron Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad, efectuado en febrero de este año. De acuerdo con Herrera Laso, ahí se efectuaron contrataciones ilegales por la cantidad de 9 millones de pesos, los cuales desglosó.
Un millón 50 mil pesos para favorecer a Hoteles Real de Chihuahua (antes Westin Soberano, por el hospedaje de los invitados y la utilización de un salón de conferencias."Tan sólo en consumos de servicio a las habitaciones, aún está pendiente una cuenta de 657 mil pesos", reveló la funcionaria. Por supuestos servicios de sonido y grabación, se gastaron 4 millones 500 mil pesos y, en 5 mil regalos de mala calidad para los participantes, se fueron un millón 300 mil pesos.
Ante esta situación, dijo, ya se trabaja para exigir las correspondientes responsabilidades penales, administrativas y civiles en contra de quienes resulten responsables, para que jamás se vuelva a repetir una situación de este tipo.
"Estamos trabajando en la redacción de un reglamento interior de la dependencia, que abarca una directriz de reorganización de todas las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de una directiva de comportamiento ético y de un proyecto acorde, en favor del bienestar laboral y de la productividad", expresó Herrera Laso.