Gracias al esfuerzo colaborativo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del impulso de la Sección 8ª del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se obtuvo un resultado histórico en el número de declaraciones.
Esta labor conjunta permitió que de un universo de 31 mil 644, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) obtuviera el 75 por ciento del total de declaraciones patrimoniales.
Personal de la Secretaría de la Función Pública sostuvo una reunión con la dirigencia de la Sección 8ª del SNTE, quienes visitaron las instalaciones de la dependencia para hacer una estimación de los resultados obtenidos, pero también una proyección de las estrategias que se utilizarán permanentemente para alcanzar un mayor número de declaraciones.
En esta reunión estuvo presente la secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Álvarez Hurtado; la subsecretaria de Investigación y Evolución Patrimonial, Ruth Fierro Beltrán; el secretario general de la Sección 8ª del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán y Javier Juárez García, secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 8ª del SNTE
Ahí se hizo un reconocimiento del esfuerzo conjunto llevado a cabo desde el año pasado, el cual implicó un acercamiento sistemático que permitió a muchos elementos del Sindicato, cumplir en tiempo con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
La SFP llevó a cabo en el sector educativo desde el mes de febrero una campaña intensa de capacitaciones y asesorías, además de la difusión masiva de tutoriales informativos y el constante monitoreo de los servidores públicos obligados. Todo esto con el apoyo permanente de la dirigencia de la Sección 8ª del SNTE.
Las acciones mencionadas significaron un gran progreso en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, ya que en el ejercicio 2023 hubo un avance de 50 puntos porcentuales, pues de un 25 por ciento se incrementó a un 75 por ciento.
Es también de gran relevancia mencionar que esta tarea contribuyó con la regularización de muchos funcionarios públicos obligados, que no estaban al corriente con sus declaraciones.
Con estas acciones, tanto la SFP como el SNTE refrendan su compromiso con la rendición de cuentas.
