El Estado de Chihuahua, históricamente ha sido testigo del fenómeno de movilidad humana en sus más diversas modalidades. La vocación humanista del Gobierno del Estado, impone la certeza de que la migración, independientemente de sus motivos, resulta de un derecho legítimo de las personas a aspirar y procurar para sí y para sus familias una mejor calidad de vida, sea en términos de seguridad ciudadana y personal, como tratándose de estabilidad, acceso a bienes y servicios básicos –alimentación, salud, educación–, así como el goce de oportunidades esenciales para la inclusión social y productiva, así como de acceso a la justicia.
Las causas que propician la movilidad humana son diversas, y pueden resultar tanto de la ocurrencia de fenómenos naturales que provocan el éxodo de personas hacia otras latitudes, de situaciones de violencia o inseguridad generalizada, crisis económicas y desabasto de bienes y servicios básicos, como de persecución de que pueden ser objeto las personas por razones de índole política, de género o por creencias religiosas, así como por pertenecer a algún grupo social determinado. Lo anterior, sin menoscabo de los motivos que resultan de la aspiración legítima de las personas que, simplemente, buscan para sí y para los suyos un lugar que ofrezca mejores oportunidades de desarrollo personal.
Hoy en Chihuahua, y desde finales de 2018, especialmente en su frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, se ha hecho presente el fenómeno de la movilidad humana de manera por demás evidente. Sumada a la población que ordinariamente transitaba por el estado, en su mayoría mexicanos, a menudo con intenciones de llegar a los Estados Unidos, así como a los connacionales repatriados a través de los puntos establecidos para estos fines en los municipios de Juárez y Ojinaga, cobra notoriedad la presencia de cientos y, en su momento, miles de extranjeros provenientes de Centroamérica y el Caribe, así como de Sudamérica y, en ciertos momentos, hasta de países transcontinentales de África y Europa del este.
Lo anterior, sumado a las políticas migratorias en los Estados Unidos, así como la perspectiva del fenómeno por parte del Gobierno Federal y su abordaje a cargo del Instituto Nacional de Migración, fueron asimismo propiciando una dinámica sin precedente en la frontera norte, donde miles de personas en busca de protección internacional fueron retornadas a México durante el proceso que resultara de su solicitud de asilo en el vecino país –principalmente en 2019 y 2020 y, nuevamente, desde finales de 2021–, así como también ha destacado el arribo de nacionales y extranjeros devueltos a territorio nacional, en virtud de las llamadas “remociones expeditas” que llevara a cabo la autoridad norteamericana, resultante de una decisión ejecutiva emergente en materia de política sanitara, implementada desde marzo de 2020 en virtud de la pandemia global del virus SARS-CoV-2. A lo anterior se suma el arribo de miles de connacionales provenientes de otras entidades, sobre todo del centro y sur del país, que han arribado desde 2019, alegando haberse visto en la necesidad de huir, obligados a abandonar sus comunidades por razones de violencia generalizada e inseguridad propiciadas por la presencia del crimen organizado, coludido con autoridades locales.
Así tenemos pues, que la de por sí diversa contextura poblacional en la entidad y, especialmente, en nuestras fronteras, se ha visto nutrida por la presencia de personas de los más diversos orígenes, poseedoras de una riqueza cultural que viene a sumarse –de manera temporal, y a veces permanente– al mosaico variopinto y pluricultural del pueblo de Chihuahua.
La atención al fenómeno, así como a las necesidades y problemáticas tan diversas que resultan de los más variados perfiles –por sus nacionalidades, motivos para migrar, situación sociodemográfica y contexto familiar– demanda una visión integral que incluya a todos los actores, tanto de los tres órdenes de gobierno como de todos los sectores –público, privado, social y académico–, para atender un fenómeno que solo puede ser atendido por las comunidades en su conjunto.
Es así que cobra particular relevancia la atención al fenómeno desde una perspectiva de orden público, que sirva al propósito de alinear estrategias y objetivos, en aras de brindar asistencia humanitaria, así como garantizar el trato digno, la seguridad y protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.
Programa Estatal de Población 2022 -2027
Objetivo 4. Afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada.
Estrategia 4.1. Reducir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas en contextos de movilidad humana y sus familias, a través de la ejecución de acciones orientativas, de atención, asesoría directa y gestión de servicios, dirigidas a personas migrantes en el Estado de Chihuahua, a fin de favorecer sus condiciones de vida inmediata.
Líneas de Acción.
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- Brindar asesoría y gestión de servicios integrales dirigidos a personas migrantes y sus familias, que se encuentran en tránsito y en vías de establecerse de manera temporal o permanente en la entidad mediante atención psicosocial; contacto consular; orientación integral; referencia y en su caso, acompañamiento en la prestación de servicios públicos municipales, estatales y federales para la inclusión social y productiva; vinculación con organizaciones de sociedad civil y agencias internacionales para la asistencia humanitaria, promoción y defensa de los derechos humanos.
- Consolidar, con fundamento en las leyes en la materia, desde el Consejo Estatal para la Protección y Atención a Migrantes (COESPAM), los espacios institucionales de coordinación y comunicación para la gestión de la gobernanza local en materia de atención a los fenómenos migratorios y de movilidad humana, desde una perspectiva humanista, que garantice condiciones para la seguridad, la atención humanitaria, la protección y restitución de derechos y la inclusión social y productiva de personas en situación de movilidad y sus familias.
- Fomentar la colaboración multinivel para la atención social de los desafíos devenidos del fenómeno migratorio, a través de la instalación de mesas de trabajo en comisiones sectoriales, a partir de los rubros para la de cobertura de necesidades generales y específicas, como en virtud de los perfiles migratorios, a saber: connacionales repatriados, mexicanos desplazados, extranjeros en tránsito, extranjeros retornados bajo cualquier título a territorio nacional, extranjeros solicitantes de protección internacional, refugiados y extranjeros con estancia regular, temporal o permanente.
- Fortalecer las acciones de coordinación multisectorial que favorezcan los programas de repatriación humana; mediante apoyos sociales en casos de deportación y traslado de restos fúnebres de personas chihuahuenses; contacto permanente con la Red Consular Mexicana para trámites diversos, entre otros.
- Favorecer la vinculación con las Oficinas de Atención a Migrantes (OFAM) de las entidades federativas para la asistencia social de las personas y comunidades, así como para la implementación de campañas informativas sobre programas, acciones y campañas de salud preventiva y servicios de localización de personas extraviadas, entre otras.
- Mejorar el contacto con redes y organizaciones de la sociedad civil regionales y binacionales para la asistencia humanitaria y defensa local.
- Apoyar en el diseño, implementación y, en medida de lo posible, financiamiento de proyectos autosustentables de desarrollo social y comunitario que impacten en los campos cultural, productivo, urbano y salud pública, cuyo objeto sea la inclusión social de personas y comunidades en contextos de movilidad, al interior de las comunidades de acogida.
- Vigorizar la comunicación estratégica dirigida a las comunidades de acogida, para la sensibilización sobre el fenómeno migratorio en sus distintas modalidades, así como el reconocimiento y prevención de riesgos asociados a la movilidad.
- Impulsar la colaboración multiactoral para el diseño, promoción e implementación de talleres formativos dirigidos a servidores públicos, empleadores, personas responsables de albergues y espacios de acogida, trabajadores humanitarios, academia, sociedad civil, agencias internacionales, fundaciones, y comunidades de acogida, en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.
- Establecer directrices generales y lineamientos comunes para la operación y funcionamiento de espacios de acogida y su registro como unidades de atención humanitaria para personas en situación de movilidad.
- Promover la elaboración de boletines y fichas técnicas sobre el fenómeno migratorio en el Estado de Chihuahua, así como la generación de contenidos que permitan entender el fenómeno migratorio en la región.
- Renovar la comunicación de las instancias del Gobierno del Estado con las personas migrantes chihuahuenses y las organizaciones de migrantes en los Estados Unidos de América.
- Diseñar y desarrollar los instrumentos normativos, así como propuestas de reforma, que permitan, garanticen y promuevan las acciones de orden público inherentes a los fenómenos de movilidad humana, la atención humanitaria, protección y restitución de derechos e inclusión social y productiva, al tiempo de consolidar el andamiaje institucional necesario para la coordinación de acciones y comunicación estratégica.
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